“El terror aplicado por el hampa está hecho en contubernio o connivencia con un régimen que usa ese recurso sádico para mantener sometidos a los ciudadanos comunes”.
Rafael Marín
Ciudadano Común
En Venezuela las élites políticas han tenido la responsabilidad de aterrizar tardíamente en las etapas que les toca dirigir. Así ocurrió en el siglo XX y está ocurriendo en el siglo XXI. Hoy tenemos que en materia del derecho a la vida y la seguridad jurídica del ciudadano, las cifras de muertos y heridos como consecuencia de el deterioro institucional, la omisión y negligencia del Estado, resultan propias de una guerra civil no declarada.
El ocultamiento de las cifras oficiales obliga a los medios de comunicación a echar mano de datos extraoficiales provenientes a veces del CICPC, y de organizaciones no gubernamentales que investigan la materia, las cuales coinciden por ejemplo que entre enero y junio de este año ha habido 5.186 asesinatos en nuestro país, sin tomar en cuenta los secuestrados, heridos y desaparecidos a manos del hampa.
La ausencia de políticas preventivas y represivas va más allá de la omisión y hacen pensar en un contubernio o connivencia activa entre las autoridades y el hampa, la cual pareciera que se la usa como una herramienta represiva y de terror, para mantener a la población encerrada en guetos enrejados. A este inusual y criminal método de amordazamiento se unen otros mecanismos aún más diabólicos y autoritarios.
El Gobierno en una operación mordaza propia de las dictaduras, condenada por todos los organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, ha censurado la publicación de fotografías que revelan el aterrador estado de inseguridad en que vive Venezuela. Pero la podredumbre del régimen es inocultable y la indignación de los venezolanos se hará patente a través del voto o de cualquier vía constitucional que lo permita.
www.ciudadanocomunvenezuela.blogspot.com
Rafael Marín
Ciudadano Común
En Venezuela las élites políticas han tenido la responsabilidad de aterrizar tardíamente en las etapas que les toca dirigir. Así ocurrió en el siglo XX y está ocurriendo en el siglo XXI. Hoy tenemos que en materia del derecho a la vida y la seguridad jurídica del ciudadano, las cifras de muertos y heridos como consecuencia de el deterioro institucional, la omisión y negligencia del Estado, resultan propias de una guerra civil no declarada.
El ocultamiento de las cifras oficiales obliga a los medios de comunicación a echar mano de datos extraoficiales provenientes a veces del CICPC, y de organizaciones no gubernamentales que investigan la materia, las cuales coinciden por ejemplo que entre enero y junio de este año ha habido 5.186 asesinatos en nuestro país, sin tomar en cuenta los secuestrados, heridos y desaparecidos a manos del hampa.
La ausencia de políticas preventivas y represivas va más allá de la omisión y hacen pensar en un contubernio o connivencia activa entre las autoridades y el hampa, la cual pareciera que se la usa como una herramienta represiva y de terror, para mantener a la población encerrada en guetos enrejados. A este inusual y criminal método de amordazamiento se unen otros mecanismos aún más diabólicos y autoritarios.
El Gobierno en una operación mordaza propia de las dictaduras, condenada por todos los organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, ha censurado la publicación de fotografías que revelan el aterrador estado de inseguridad en que vive Venezuela. Pero la podredumbre del régimen es inocultable y la indignación de los venezolanos se hará patente a través del voto o de cualquier vía constitucional que lo permita.
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