La ilegitimidad de origen, de desempeño y política, es el fantasma que siempre ha rondado los gobiernos de Chávez. Por eso lo atormenta el Artículo 350 de la Constitución.
Por Rafael Marín.
La ilegitimidad ronda los gobiernos de Chávez, en 1999 cuando asumió la Presidencia, promulgó el decreto número 3, para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y aprobación de las bases comiciales para elegirla. Daba así un golpe de estado a la Constitución de 1961, inoculaba el virus del fraude y el ventajismo con el llamado Kino. Muchos constitucionalistas, afirmaron que si las normas del referéndum eran ilegítimas, sus resultados también; es decir; la Asamblea Constituyente electa y la Constitución de 1999, ergo el segundo gobierno de Chávez sería ilegitimo. Ese pecado de derecho, se hubiese atenuado en los hechos, con la instauración de un Estado Democrático y un gobierno eficiente y decente; no ocurrió. Chávez monopolizó casi totalmente los poderes públicos, el control de la FAN y los recursos económicos del Estado; convirtiéndose en responsable fundamental de la destrucción de la institucionalidad democrática, la violación de Derechos Humanos capitales, la entrega de nuestra Soberanía al gobierno cubano, el despilfarro de los recursos de la renta petrolera, la destrucción del aparato productivo, el deterioro de los servicios públicos, el desprestigio internacional por políticas irracionales, la liquidación de la FAN, su cubanización y politización; también es responsable de la más grosera corrupción administrativa. Estos hechos han conducido a diversos sectores de opinión a plantear la ilegitimidad de desempeño. Ya se escucha la consigna, Chávez renuncia.
Nuevamente, en las elecciones convocadas para el 26 de septiembre; la conducta chavista signada por los excesos y transgresiones, servirá de base al comportamiento del CNE. Ya no es suficiente con el control oficialista de ese organismo y su inequidad estructural, ni las manipulaciones del sistema automatizado, el REP, ni el ventajismo publicitario y uso abusivo de los recursos del Estado; ahora se trata de aplicar la fórmula Jalisco, si pierdo arrebato; y es que el sistema de votación y la configuración de los circuitos electorales, fueron diseñados, para que el régimen con menos votos, obtenga mayor número de diputados nacionales. Eso ocurriría, si la oposición no logra revertir la abstención y movilizar más votantes. Pero será inevitable que esta obtenga mayor número de votos; lo que equivaldría a una expresión plebiscitaria sobre la legitimidad del régimen. Ese resultado unido a la desesperación del pueblo, es un Chávez vete ya. Estaríamos ante un gobierno con legalidad trucada, pero ilegítimo en origen y desempeño, con un rotundo rechazo político. Con ese caldo de cultivo, sería imposible contener a un pueblo indignado. Para tormento de Chávez aparecen en la conciencia colectiva, los artículos 328 y 350 Constitucionales.
ciudadanocomuncorreo@gmail.com
Por Rafael Marín.
La ilegitimidad ronda los gobiernos de Chávez, en 1999 cuando asumió la Presidencia, promulgó el decreto número 3, para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y aprobación de las bases comiciales para elegirla. Daba así un golpe de estado a la Constitución de 1961, inoculaba el virus del fraude y el ventajismo con el llamado Kino. Muchos constitucionalistas, afirmaron que si las normas del referéndum eran ilegítimas, sus resultados también; es decir; la Asamblea Constituyente electa y la Constitución de 1999, ergo el segundo gobierno de Chávez sería ilegitimo. Ese pecado de derecho, se hubiese atenuado en los hechos, con la instauración de un Estado Democrático y un gobierno eficiente y decente; no ocurrió. Chávez monopolizó casi totalmente los poderes públicos, el control de la FAN y los recursos económicos del Estado; convirtiéndose en responsable fundamental de la destrucción de la institucionalidad democrática, la violación de Derechos Humanos capitales, la entrega de nuestra Soberanía al gobierno cubano, el despilfarro de los recursos de la renta petrolera, la destrucción del aparato productivo, el deterioro de los servicios públicos, el desprestigio internacional por políticas irracionales, la liquidación de la FAN, su cubanización y politización; también es responsable de la más grosera corrupción administrativa. Estos hechos han conducido a diversos sectores de opinión a plantear la ilegitimidad de desempeño. Ya se escucha la consigna, Chávez renuncia.
Nuevamente, en las elecciones convocadas para el 26 de septiembre; la conducta chavista signada por los excesos y transgresiones, servirá de base al comportamiento del CNE. Ya no es suficiente con el control oficialista de ese organismo y su inequidad estructural, ni las manipulaciones del sistema automatizado, el REP, ni el ventajismo publicitario y uso abusivo de los recursos del Estado; ahora se trata de aplicar la fórmula Jalisco, si pierdo arrebato; y es que el sistema de votación y la configuración de los circuitos electorales, fueron diseñados, para que el régimen con menos votos, obtenga mayor número de diputados nacionales. Eso ocurriría, si la oposición no logra revertir la abstención y movilizar más votantes. Pero será inevitable que esta obtenga mayor número de votos; lo que equivaldría a una expresión plebiscitaria sobre la legitimidad del régimen. Ese resultado unido a la desesperación del pueblo, es un Chávez vete ya. Estaríamos ante un gobierno con legalidad trucada, pero ilegítimo en origen y desempeño, con un rotundo rechazo político. Con ese caldo de cultivo, sería imposible contener a un pueblo indignado. Para tormento de Chávez aparecen en la conciencia colectiva, los artículos 328 y 350 Constitucionales.
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